La medida implica la modificación en los porcentajes para los productos agropecuarios y agroindustriales, aplicables a las posiciones arancelarias del Mercosur. Significa un costo fiscal para la Nación superior a los $2.600 millones.
De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio de Agroindustria, “para algunas economías regionales, se pasa de 0% a 3%, como el caso de la miel, aceite de oliva, yerba mate, té; o a 3,5 a 4% si se trata de un producto fraccionado, y a 4,5% a 5% si se trata de extractos, esencias o concentrados de estos últimos”.
Con este nuevo esquema de reintegros, la cartera que conduce el ministro Buryaile concreta la promesa efectuada en diciembre pasado, cuando se reunió con el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate y anticipó medidas de apoyo a la actividad yerbatera.
El mencionado decreto consigna que, además, “se adicionará un 0,5% para tres tipos de productos, de acuerdo a la instrumentación que establecerá la cartera agroindustrial: aquellos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos; o los que cuenten con el derecho de uso del Sello “Alimentos Argentinos Una Elección Natural” o con una Denominación de Origen (DO) o una Indicación Geográfica (IG)”.
Este último caso es el de la yerba mate, ya que el año pasado el Ministerio de Agroindustria, a través de la Secretaría de Agregado de Valor, emitió la Resolución 13/2016 que otorgó la utilización de la Indicación Geográfica “Yerba Mate Argentina”.
La medida, que había sido anunciada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en octubre pasado y fue oficializada el lunes, se desarrolla en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Economías Regionales, el cual tiene como objetivo fomentar el agregado de valor, aumentar la competitividad, mayor inserción en el mercado internacional de las cadenas de valor, y potenciar el desarrollo de cada una de las regiones de nuestro país.
El promedio de reintegros a las diversas cadenas agroexportadoras va de 0,5 hasta 4 puntos porcentuales, variando la situación en función del punto de partida, del tipo de producto y del nivel de transformación del mismo, con una estimación de costo fiscal superior a los $2.600 millones que serán devueltos a los distintos sectores productivos.
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