Una de las modificaciones centrales que plantea el proyecto es poner en manos del instituto yerbatero la potestad de definir los precios a salida de molino. Hasta ahora, dichos valores se deciden por fuera de la órbita del Inym y aunque en teoría están librados a las leyes de mercado, en la práctica son controlados por la secretaría de Comercio de la Nación a través de acuerdos con la principales empresas del sector.
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