En una asamblea que reunió a más de 300 personas, entre productores, tareferos y cuadrilleros, el sector primario yerbatero de Misiones decidió paralizar la cosecha. La medida se mantendrá al menos durante diez días durante los cuales no permitirán que circulen camiones cargados con yerba mate. Pretenden que en esos diez días los reciba el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, luego convocarán a una nueva asamblea en la que resolverán la continuidad de la protesta.
Los productores están disconformes con los precios laudados por el Gobierno nacional, que representan un incremento de 12 por ciento en relación a los vigentes durante el semestre pasado, mientras que la grilla de costos elaborada por el Inym marcaba un incremento de 24 por ciento. Además volvieron a denunciar que la industria está incumpliendo los precios y paga a plazos que en muchos casos superan los diez meses.
Para corregir el laudo de Nación que fue considerado por los productores como un atropello, la asamblea definió dos cursos de acción: por un lado denunciarán ante la Justicia al ministerio de Agroindustria por haber establecido precios que están por debajo de los costos y exigieron al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que se sume a esa denuncia, teniendo en cuenta que el laudo vulnera los costos calculados por el propio instituto. Por otro lado, instaron al presidente del Inym, Luis Prietto, quien estaba presente en la asamblea, a reabrir la mesa de concertación para intentar definir a través del acuerdo, un precio que deje conformes a todos.
Los productores plantearon además la necesidad de eliminar la figura del acopiador de yerba. Argumentan que la molinería se esconde detrás de estos intermediarios para incumplir los precios oficiales, tanto en montos como en plazos. “El acopiador generó manoseo, eso hace que no se conozca quién es el que compra en realidad, pedimos que se elimine esa figura dentro del Inym”, remarcó Julio Peterson, dirigente rural de Andresito.
Varios productores que tomaron la palabra en la asamblea, apuntaron particularmente contra la empresa Servicios Agrícolas Comerciales, que insólitamente tiene sede en Villa Mercedes, provincia de San Luis, a la que acusan de comprar hoja verde muy por debajo de los precios oficiales y con cheques a plazos que llegan a superar los 300 días. Afirman que toda esa materia prima termina en los galpones de la yerbatera más grande de Corrientes.
Pero el Gobierno nacional fue el principal blanco de las críticas de los yerbateros, uno de los que tomó la palabra en la asamblea fue Ricardo Pereira, productor de la zona Centro, quien sin medias tintas afirmó que “la política del Estado nacional nos está haciendo mierda”.
En la reunión estuvo presente el ministro del Agro, José Luis Garay, quien aseguró que el Gobierno provincial respaldará a los productores en sus reclamos y advirtió que siempre que el precio de la yerba debe ser definido por laudo, el productor pierde plata. Sostuvo que la Provincia hizo todas las gestiones posibles para que Agroindustria respetara la grilla de costos del instituto, según la cual los precios deberían aumentar al menos 24 por ciento, pero la Nación, accedió a otorgar una mejora de solo 12 por ciento.
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